El Derecho Procesal Constitucional, concebido como derecho de participación, supone una democratización de los procesos constitucionales. Actualmente, el proceso de inconstitucionalidad se encuentra reservado a una legitimación restrictiva, contraviniendo la vocación pública y abierta de este proceso. Ante dicho escenario, se plantea incorporar la acción popular contra normas legales, es decir, que cualquier ciudadano en el Perú pueda dar inicio a una acción de inconstitucionalidad, para presentar a los ciudadanos como auténticos guardianes de la Constitución a través de mecanismos de participación directa como respuesta a la crisis democrática e institucional que se desarrolla en el Perú.