En el Perú, convive un régimen general y varios regímenes especiales laborales. Si bien esto puede justificarse en la naturaleza y características de las distintas relaciones laborales que existen, también pueden generarse espacios de relajamiento o debilitamiento de derechos laborales.nLa presente obra reúne trabajos que tratan sobre los distintos regímenes laborales existentes, para hacer una evaluación tanto normativa como práctica de cómo estos vienen funcionando y que retos presenta cada uno de ellosEste libro desarrolla la relación y dinámica entre la cultura constitucional y la democracia, planteando la importancia de otorgarle sostenibilidad con criterio integral. Frente a un contexto de retroceso democrático, alentado por el fenómeno del populismo, la crisis sanitaria y los problemas estructurales de desigualdad en Latinoamérica, es inaplazable incorporar en las políticas públicas el fomento de la cultura constitucional en la sociedad.
nEn el Perú, convive un régimen general y varios regímenes especiales laborales. Si bien esto puede justificarse en la naturaleza y características de las distintas relaciones laborales que existen, también pueden generarse espacios de relajamiento o debilitamiento de derechos laborales.nLa presente obra reúne trabajos que tratan sobre los distintos regímenes laborales existentes, para hacer una evaluación tanto normativa como práctica de cómo estos vienen funcionando y que retos presenta cada uno de ellos
nLa cultura constitucional es parte indispensable de la base, desarrollo y proyección de la democracia constitucional. Por tanto, no es un asunto natural y exige un rol proactivo del Estado. Para este efecto, cobra relevancia la convocatoria de elementos internos y externos necesarios para su configuración y eficacia. Entre estos, se analizan aspectos como la pluralidad e integración social, la convivencia ciudadana y el deber, la discrecionalidad limitada del poder y la garantía de imparcialidad de las altas cortes constitucionales; así como la educación constitucional, la función social de los medios de comunicación, la institucionalidad y el interés público en la idoneidad de los partidos políticos.